Ahora la Jefatura ha abierto expedientes informativos sobre todos los agentes actuantes para tratar de esclarecer cómo fue la intervención y si de ella se pudiera derivar una posible responsabilidad penal de los funcionarios. Por el momento se trata de una investigación interna y el proceso está en la fase de información, sin que se haya tomado ninguna medida disciplinaria.
La Confederación Española de Policía (CEP) defendió ayer la intervención de los agentes y criticó duramente tanto al rector de la Universidad como al profesor detenido. En un comunicado remitido a la prensa burguesa sevillana, esta central sindical española aseguró que los policías se encuentran "asustados e inquietos" con este asunto, si bien aseguran que no lo están por las consecuencias que pueda traer sino por "las casualidades encontradas". Y aquí empieza el actuar claramente cuasimafioso de este sindicato policial español, criminalizando al SAT y a sus abogados, aportando datos personales que podrían poner en peligro la integridad física de algunas personas, y tratando de erigirse como valedores de la moral democrática, cuando no solo es sabido que existen diversos informes internacionales que ponen en duda la calidad de la misma dentro de los CFSE, sino que, además, en nada es esa la función que como agentes policiales se les debe presuponer. Esa es una tarea que, en todo caso, corresponderá a los jueces, y no a quienes deben cumplir con sus labores policiales, unas labores que, dicho sea de paso, con poca objetividad e imparcialidad pueden desempeñar, cuando son portadores de opiniones e ideas como las citadas en dicho comunicado, que pasamos a relatar.
Así, la CEP explica que el abogado del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Luis Ocaña, que acompañó a Benavides a presentar la denuncia contra los policías que lo detuvieron, ya se enfrentó a un año de cárcel por un delito de resistencia y desobediencia grave en febrero de 2010. Como si tal hecho impidiera al letrado en cuestión ejercer sus actividades profesionales. "El mismo letrado asesoró al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en el asalto a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. También participó de ponente en las VI Jornadas de Investigadores del Franquismo y publicó un artículo contra el juez Garzón en el diario Gara, que recordamos, es el diario oficial de ETA", relata el comunicado de la CEP, en un claro intento por criminalizar al señor Ocaña y al sindicato al cual representa, relacionándolo, cómo no, con la organización armada vasca, la cual sirve de cobertura a esta cuasimafia policial para legitimar ante la opinión pública cualquier cosa que se les antoje, con tan solo sacar a relucir el nombre de la misma.
Además, si lo anterior no fuese ya suficientemente grave, el comunicado revela que el abogado vive en una "urbanización de lujo, con zonas de pádel y piscinas, lejos de todos aquellos jornaleros, trabajadores, antisistemas y reformistas a los que representa", tratando así de minusvalorar el trabajo realizado por esta persona en sus muchos años de lucha desde su labor profesional contra las injusticias que el sistema comete contra los más desfavorecidos, así como los ataques a los derechos humanos, los derechos laborales y otras cuestiones por el estilo. Recordar simplemente a estas personas, que la integridad moral de este abogado, viva donde viva (dato que, por otro lado, desconocemos) es infinitamente superior a la de cualquiera de estos señores con porra y pistola, que han redactado y firmado este comunicado, pues mientras el señor Luis Ocaña trabaja para proteger los derechos de los más débiles, estos señores simplemente son los "perros guardianes" del sistema, trabajando para defender los intereses de los más poderosos, y justificando cualquier actuación, por muy violenta o ilegal que sea, con tal de que sus puestos de trabajo no peligren al amparo de la voz de sus amos.
Por otro lado, nos preguntamos qué hubiese pasado si el señor Ocaña, o cualquier otra persona, hubiese decidido remitir a la prensa una nota donde se apuntasen datos sobre el lugar de residencia de alguno de los policías implicados en las detenciones de la Universidad de Sevilla, poniendo así en peligro su integridad física, pues no es descartable que haya personas que puedan usar tales datos para atentar contra el abogado, por meras cuestiones ideológicas. Sevilla es una ciudad donde las bandas paramilitares neonazis tienen una presencia bastante activa, y ahora, gracias a los datos facilitados por este sindicato mafioso y policial español, pueden tener pistas sobre el lugar de residencia de este abogado, bastante conocido en la ciudad por su activismo político de izquierdas.
Y para rematar la faena mafiosa, la CEP critica con dureza al profesor David Benavides, quien ha presentado una denuncia contra la actuación policial en lo que considera un ataque a sus derechos como ciudadano y como trabajador. "Cuando llegues a obtener el compromiso jurídico, democrático, imparcial y de servicio que demuestran todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía diariamente, hablarás con conocimiento de causa", concluye la nota de la CEP. Imaginamos que no lo dirán por este mismo comunicado, donde no solo es posible que estén incumpliendo algunas leyes (como la de protección de datos personales) sino que además es bastante poco democrático (pues los comportamientos cuasimafiosos son cualquier cosa menos democráticos), de imparcial no tiene nada (más sectario y politizado no puede ser), y el único servicio que están demostrando con él es el servicio a la causa del corporativismo mafioso, donde el cumplimiento de la ley importa poco, si de lo que se trata es de defender la actuación (el juez determinará si ilegal o no) de unos compañeros.
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